A fines de febrero el proyecto de data center que Microsoft pretende instalar en la comuna de Quilicura presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una adenda complementaria en la que la compañía respondió cada una de las observaciones planteadas por organismos públicos. Y a la fecha, la mayoría de estas entidades ya han emitido su pronunciamiento al respecto ¿El resultado? Se mostraron conformes con los datos presentados por la empresa tecnológica, salvo dos: el Consejo de Monumentos Nacionales y la Municipalidad de Quilicura, que no descarta afectaciones para la comunidad.
Uno de los pronunciamientos corresponde a la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, que hace algunos días dijo estar conforme con el documento emitido por Microsoft, siempre y cuando la empresa presente “un Programa de Compensación de Emisiones (PCE) de MP10 equivalente, en formato di”, y que la operación actual y futura considere “el uso de un supresor de polvo DMS-DS u otro similar que permita reducir las emisiones en al menos un 70%”.
Por su lado, la Seremi de Salud de la RM dijo no presentar nuevas observaciones en torno al proyecto. No obstante, la entidad indicó que en caso de aprobarse la iniciativa en términos ambientales, la RCA deberá indicar expresamente ciertas precisiones. Entre ellas, se señala que “la actividad contará con sitios de almacenamiento temporal destinados a residuos industriales no peligrosos, residuos domiciliarios y asimilables a domiciliarios, durante las etapas de construcción, operación y cierre”.
Y agregó que según los antecedentes presentados por Microsoft, el proyecto “no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias indicados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente”. Es decir, no contempla un riesgo para la salud de la población, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, o una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, entre otras cosas.
En tanto, desde la Dirección General de Aguas (DGA) de la RM se manifestaron conformes respecto de los antecedentes sobre las medidas de gestión ambiental en el Canal San Ignacio y el impacto en la calidad de las aguas subterráneas. Y destacaron los análisis fisicoquímicos del suelo incorporados al Compromiso Ambiental Voluntario que contempla el proyecto.
Desde las seremis de Vivienda, Obras Públicas y Transporte la apreciación también fue positiva. Y este último organismo señaló que durante la fase de construcción la compañía deberá realizar una planificación de la carga y descarga de los camiones, evitando congestión o filas de vehículos en la calzada, entre otras consideraciones.
Municipalidad no descarta impacto en la población
Pese a esto, desde el municipio de Quilicura no se mostraron conformes con la adenda complementaria, pues a juicio de aquella alcaldía, “la información exhibida en los diferentes estudios resulta insuficiente para descartar impactos sobre la calidad de vida de los habitantes de la comuna”, y emitió una serie de observaciones al respecto.
De acuerdo al documento firmado por la alcaldesa subrogante, Jimena Jorquera, se solicitó a la compañía aclarar la cantidad de agua que utilizará el proyecto año a año y si cuenta o no con un plan de reducción de consumo. Además, pidió especificar qué tipo de residuos peligrosos se almacenarán, cuál será la cantidad máxima, y cuál será el plan de contingencia en caso de derrame o incendio. Y solicitaron a la empresa un plan de rehabilitación ambiental en el sector de San Ignacio.
A esto, se suma la opinión del Consejo de Monumentos Nacionales, que sostuvo que en el informe arqueológico no se indica cual es la superficie de cada una de la densidad de materiales, la cual debió ser indicada claramente en metros cuadrados. Y expresó que “si bien se realizó una caracterización arqueológica mediante pozos de sondeo, esta no consideró el trazado de la línea eléctrica debido a la dificultad para acceder al terreno”.
Ficha técnica y problema con proveedores
De acuerdo a la ficha técnica presentada por la compañía estadounidense ante el SEA, el proyecto contempla una inversión por US$317 millones y su objetivo es proporcionar a distintas empresas los servicios de almacenamiento de datos electrónicos, copia de seguridad de datos electrónicos, recuperación de datos, y gestión de la información.
La construcción consta de un edificio principal dividido en dos áreas, una de almacenamiento de equipos tecnológicos del data center y toda la infraestructura necesaria para su operación, y un área de administración. Y a esto se suma la construcción y operación de una subestación eléctrica redundante de 26 MVA que será la fuente principal de energía del proyecto.
De acuerdo a Microsoft, el data center funcionará continuamente las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, y 365 días al año. Y la vida útil del proyecto se estima en 30 años.
Pese a los avances en materia de evaluación ambiental, cabe destacar que el proyecto no ha estado exento de problemas. Esto, pues si bien, el edificio fue entregado a mediados del 2022, algunos de los proveedores acusan que mantienen millonarias facturas pendientes con Proyekta, constructora a cargo de la iniciativa, que a mediados de este año solicitó su quiebra voluntaria.
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